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Después
de meses de discusiones, la reforma política se
plasmó en la Ley Federal de Organizaciones
Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), que
fue aprobada por el Congreso en diciembre de
1977, junto con un paquete de 17 reformas y
adiciones, necesarias para su funcionamiento, a
otros tantos artículos de la Constitución (
artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65,
70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115). La LFOPPE, además
de elevar a rango constitucional el
reconocimiento de los partidos políticos como
entidades de interés público, estaba orientada a
la ampliación del sistema de partidos y la
participación de
éstos en el Congreso. |
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También,
al liquidar la figura de los diputados de partido
e introducir el sistema mixto de representación
proporcional, incrementó el número de diputados a
400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100
plurinominales-, redujo los requisitos para que
los partidos políticos obtuvieran su registro -si
bien estableció dos categorías de reconocimiento,
el definitivo y el condicionado- y reconoció
personalidad a las asociaciones políticas. Todo
ello permitió la incorporación de nuevos actores
políticos. En estas circunstancias, el Partido
Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista
Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su
registro condicionado. Además, cuatro asociaciones
políticas nacionales de izquierda (Unificación y
Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el
Movimiento por el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron
habilitadas para participar electoralmente en
alianza con algún partido político.
La prueba
para la reforma electoral llegó en 1979, cuando se
realizaron elecciones para diputados. En ellas el
abstencionismo fue muy elevado -41.6% del padrón-,
el PRI obtuvo el 69.84% de los votos (le
correspondieron 296 diputados) y perdió, en manos
del PAN, 4 diputaciones uninominales; este último
partido obtuvo 10.79% de los votos (43 diputados)
y le siguieron el PCM con 4.97% (18 diputados), el
PPS con 2.59% (11 diputados), el PST con 2.12% (10
diputados),el PDM con 2.05% (l0 diputados) y, por
último el PARM con 1.81% (12 diputados). Aunque no
fueron resultados espectaculares, por primera vez
se permitió la presencia en la Cámara de Diputados
de otros partidos diferentes a los que habían
estado por más de tres lustros. Así, en agosto de
1979, se instaló la LI Legislatura del Congreso de
la Unión, en la que fueron incorporados diputados
opositores de la izquierda, con lo que la
pluralidad de la Cámara se vio incrementada de
manera significativa, aunque en términos reales la
oposición no tuviera el número suficiente de
representantes para crear un congreso equilibrado.
En tal
sentido, la LI Legislatura sería histórica, no
sólo por haber sido resultado de la primera
reforma verdaderamente importante en términos de
elecciones, sino porque en su seno se pudieron
escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y
discusiones con otros interlocutores políticos.
La
necesidad de más espacio para el funcionamiento
legislativo, dio pie a que se iniciara la
construcción, en septiembre de 1979, del nuevo
recinto de San Lázaro, mismo que se terminó y
daría cobijo a esta misma legislatura en junio de
1982.
Los años
transcurridos entre 1977 y 1981 fueron de
crecimiento. En ese lapso la economía aumentó a
una tasa media anual de 8.4%; se produjeron casi
cuatro millones de empleos, algo nunca visto hasta
entonces en tan corto periodo; el gasto público
como porcentaje del PIB aumentó de 39.5% en 1979 a
47.2% en 1981, con lo cual se consolidó un amplio
sector público de la economía y el Estado pudo
resolver algunas contradicciones tanto con el
sector privado como con el sindicalismo.
Sin
embargo la estrategia presentaba serias fallas. La
principal de ellas se refería al hecho de que la
expansión de la economía dependía crecientemente
de los ingresos provenientes sólo de las
exportaciones del petróleo, mientras que el resto
de las exportaciones permanecieron estancadas.
Así. a pesar del petróleo, el déficit público
creció de 5.2% en 1977a 16 51% en 1982, como
porcentaje del PIB, lo que preparó la debacle del
fin de sexenio. De hecho, la estrategia inicial
del presidente López Portillo, anunciada en su
discurso de toma de posesión, que incluyó dos años
intermedios para la estabilización de la economía,
fue sustituida sobre la marcha por otra de
crecimiento rápido promovido por déficit fiscales.
Si bien
el petróleo hizo crecer el PIB, los desequilibrios
persistieron y se acentuaron: gran inflación,
crecimiento del déficit de la cuenta corriente,
crecimiento de la deuda externa -37 mil millones
de dólares en 1978, 71 mil millones de dólares en
1981-. Los síntomas de problemas económicos
generados por el crecimiento petrolero fueron
apareciendo a lo largo del sexenio en medio del
debate sobre la conducción del programa económico
entre la Secretaría de Programación y Presupuesto
y la Secretaría de Hacienda. En 1979 la tasa de
crecimiento del PIB llegó a su nivel más alto,
provocando un " sobrecalentamiento '' de la
economía.
El
gobierno de López Portillo intentó recuperar su
déficit con la puesta en marcha de una serie de
impuestos que fueron aprobados por el Congreso, en
medio de la crítica panista. El Impuesto al Valor
Agregado ( IVA ), surgido de la L Legislatura, así
como el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles,
el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, y la
expedición de las nuevas leyes de Impuesto sobre
la Renta, Aduanera y Federal de Derechos, que se
aprobaron por la LI Legislatura, trataron, además
de modernizar la estructura impositiva del país,
obtener recursos adicionales. Sin embargo, los
impuestos no solucionaron el problema y, en
cambio, se convirtieron inmediatamente en un
factor inflacionario.
Preludio
de la crisis de 1981 resultó el incremento de 6%
al 20% de las tasas bancarias internacionales, a
finales de 1980. De manera automática, la deuda
mexicana se elevó a más de 34 mil millones de
dólares y, en lo inmediato, se tuvo que pagar 5
mil millones de dólares. Pero los problemas
desatados con el incremento de las tasa de interés
no adquirieron su verdadera dimensión sino hasta
mediados de 1981, con la caída internacional del
precio del petróleo, hecho " inesperado " que
definió el rumbo de los acontecimientos. Al estar
la economía mexicana atada completamente al
petróleo, la base de ésta se vino abajo y con ello
la reacción de los empresarios se agudizó
nuevamente: fuga de capitales que a fines de ese
año llegó a niveles verdaderamente increíbles. Por
tanto, en febrero de 1982 el gobierno se vio
obligado a devaluar la moneda en un 7() por
ciento.
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