José López Portillo había ofrecido en su discurso de toma posesión una reforma política. El cambio de gobierno había dado tranquilidad a la sociedad después del fin de sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que en abril de 1977 inició consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse.

Dos propósitos se tenían que cumplir con la reforma: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada.

También, al liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación proporcional, incrementó el número de diputados a 400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100 plurinominales-, redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro -si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado- y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Todo ello permitió la incorporación de nuevos actores políticos. En estas circunstancias, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. Además, cuatro asociaciones políticas nacionales de izquierda (Unificación y Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político.

La prueba para la reforma electoral llegó en 1979, cuando se realizaron elecciones para diputados. En ellas el abstencionismo fue muy elevado -41.6% del padrón-, el PRI obtuvo el 69.84% de los votos (le correspondieron 296 diputados) y perdió, en manos del PAN, 4 diputaciones uninominales; este último partido obtuvo 10.79% de los votos (43 diputados) y le siguieron el PCM con 4.97% (18 diputados), el PPS con 2.59% (11 diputados), el PST con 2.12% (10 diputados),el PDM con 2.05% (l0 diputados) y, por último el PARM con 1.81% (12 diputados). Aunque no fueron resultados espectaculares, por primera vez se permitió la presencia en la Cámara de Diputados de otros partidos diferentes a los que habían estado por más de tres lustros. Así, en agosto de 1979, se instaló la LI Legislatura del Congreso de la Unión, en la que fueron incorporados diputados opositores de la izquierda, con lo que la pluralidad de la Cámara se vio incrementada de manera significativa, aunque en términos reales la oposición no tuviera el número suficiente de representantes para crear un congreso equilibrado.

En tal sentido, la LI Legislatura sería histórica, no sólo por haber sido resultado de la primera reforma verdaderamente importante en términos de elecciones, sino porque en su seno se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos.

La necesidad de más espacio para el funcionamiento legislativo, dio pie a que se iniciara la construcción, en septiembre de 1979, del nuevo recinto de San Lázaro, mismo que se terminó y daría cobijo a esta misma legislatura en junio de 1982.

Los años transcurridos entre 1977 y 1981 fueron de crecimiento. En ese lapso la economía aumentó a una tasa media anual de 8.4%; se produjeron casi cuatro millones de empleos, algo nunca visto hasta entonces en tan corto periodo; el gasto público como porcentaje del PIB aumentó de 39.5% en 1979 a 47.2% en 1981, con lo cual se consolidó un amplio sector público de la economía y el Estado pudo resolver algunas contradicciones tanto con el sector privado como con el sindicalismo.

Sin embargo la estrategia presentaba serias fallas. La principal de ellas se refería al hecho de que la expansión de la economía dependía crecientemente de los ingresos provenientes sólo de las exportaciones del petróleo, mientras que el resto de las exportaciones permanecieron estancadas. Así. a pesar del petróleo, el déficit público creció de 5.2% en 1977a 16 51% en 1982, como porcentaje del PIB, lo que preparó la debacle del fin de sexenio. De hecho, la estrategia inicial del presidente López Portillo, anunciada en su discurso de toma de posesión, que incluyó dos años intermedios para la estabilización de la economía, fue sustituida sobre la marcha por otra de crecimiento rápido promovido por déficit fiscales.

Si bien el petróleo hizo crecer el PIB, los desequilibrios persistieron y se acentuaron: gran inflación, crecimiento del déficit de la cuenta corriente, crecimiento de la deuda externa -37 mil millones de dólares en 1978, 71 mil millones de dólares en 1981-. Los síntomas de problemas económicos generados por el crecimiento petrolero fueron apareciendo a lo largo del sexenio en medio del debate sobre la conducción del programa económico entre la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda. En 1979 la tasa de crecimiento del PIB llegó a su nivel más alto, provocando un " sobrecalentamiento '' de la economía.

El gobierno de López Portillo intentó recuperar su déficit con la puesta en marcha de una serie de impuestos que fueron aprobados por el Congreso, en medio de la crítica panista. El Impuesto al Valor Agregado ( IVA ), surgido de la L Legislatura, así como el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la expedición de las nuevas leyes de Impuesto sobre la Renta, Aduanera y Federal de Derechos, que se aprobaron por la LI Legislatura, trataron, además de modernizar la estructura impositiva del país, obtener recursos adicionales. Sin embargo, los impuestos no solucionaron el problema y, en cambio, se convirtieron inmediatamente en un factor inflacionario.

Preludio de la crisis de 1981 resultó el incremento de 6% al 20% de las tasas bancarias internacionales, a finales de 1980. De manera automática, la deuda mexicana se elevó a más de 34 mil millones de dólares y, en lo inmediato, se tuvo que pagar 5 mil millones de dólares. Pero los problemas desatados con el incremento de las tasa de interés no adquirieron su verdadera dimensión sino hasta mediados de 1981, con la caída internacional del precio del petróleo, hecho " inesperado " que definió el rumbo de los acontecimientos. Al estar la economía mexicana atada completamente al petróleo, la base de ésta se vino abajo y con ello la reacción de los empresarios se agudizó nuevamente: fuga de capitales que a fines de ese año llegó a niveles verdaderamente increíbles. Por tanto, en febrero de 1982 el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda en un 7() por ciento.

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